Pilar fundamental en el accionar del Poder Popular
¿Dónde queda la Planificación Socialista?
Por: Francisco Guacarán. Especial para Tribuna Popular
La construcción del socialismo lleva a importantes tareas en la vida integral de una sociedad, especialmente en el ámbito económico-productivo –espacio desde el que se satisfacen las necesidades vitales de los trabajadores y las comunidades- y por tanto la organización, ejecución, control y supervisión de las actividades y tareas a ejecutar debe ser consecuente con un plan elaborado rigurosamente con información técnica, estadística y científica sobre los recursos con los que se cuenta y las metas a cumplir para avanzar en el desarrollo nacional.
Con los Consejos Comunales hemos dado un paso hacia adelante en este tema, se ha dotado al pueblo de herramientas de la planificación para elaborar los proyectos comunitarios que satisfagan necesidades coyunturales.
Sin embargo, aún no podemos hablar de planificación socialista, por cuanto esencialmente son los trabajadores en participación activa del proceso productivo, y junto a las comunidades, quienes deben elaborar los principales planes para aumentar la calidad y eficiencia en la producción, el mejoramiento de la maquinaria y las herramientas y la actualización científica y técnica.
Entonces, ¿Cómo podremos construir el socialismo si los trabajadores y trabajadoras no son actores fundamentales de la planificación del proceso productivo en su propio espacio de trabajo? ¿Es posible plantearnos el gran reto de la edificación socialista si las comunidades desconocen lo que se produce, y lo que se deja de producir, para alcanzar la soberanía nacional en todas las áreas de la vida social? ¿Podemos hablar de un Estado revolucionario si en las recientes nacionalizaciones no se produce un cambio radical en la organización y el control de los trabajadores?
Cada una de esas interrogantes, y otras más, nos llevan directamente a plantearnos los retos que tenemos como sociedad para poner en marcha la planificación genuinamente socialista.
En primer lugar, el gobierno nacional es quien principalmente debe impulsar y promover el desarrollo productivo nacional, con proyectos factibles que fortalezcan nuestra industria pesada, intermedias, manufactura, agrícola y demás áreas estratégicas que incidan favorablemente en nuestra soberanía nacional, si es poco lo que producimos y mucho lo que nos toca importar, entonces ¿sobre qué vamos a planificar?
En segundo lugar, resulta necesario fortalecer las instancias planificadoras del gobierno en cada uno de los niveles, para ello debemos crear equipos técnicos de planificación nacional, regional y local que trabajen permanentemente en la evaluación, seguimiento y control de los objetivos y metas planteadas en cada uno de los proyectos socio-productivos. Se trata de la eficiencia revolucionaria, de medir constantemente si cumplimos con nuestros objetivos.
Lo anterior se complementa efectivamente sólo con la organización popular y su acción en la vigilancia y control revolucionario sobre los proyectos impulsados por el gobierno revolucionario –anteriormente discutimos la diferencia entre contraloría social y control popular- con lo cual evitaríamos que la corrupción, el clientelismo y la ineficiencia sigan tomando más espacios en el Estado venezolano.
Finalmente, son los trabajadores y trabajadoras los y las principales responsables de que cada una de estas tareas se lleven a cabo, es urgente comenzar a prepararnos técnica e ideológicamente para asumir la enorme y difícil tarea de planificar la economía local y nacional, de saber que cada jornada de trabajo es un grano de arena que se aporta conscientemente a la construcción del socialismo, que cada cumplimiento de metas es un golpe certero que se le atesta al capitalismo y sus vicios.
Recordemos que el capitalismo se sustenta en la lógica irracional de la «mano invisible del mercado», lo cual lleva a las graves desigualdades sociales –producto de la explotación a través de la generación de plusvalía- así como a las crisis sistémicas y recurrentes de dicho sistema.
Contrario a esto, los trabajadores y trabajadoras deben estar conscientes de que sólo con una fuerte organización, que lleve a una rigurosa y científica planificación sobre la producción y la economía, es posible la edificación del socialismo como proyecto real, y no como discurso de caridad y solidaridad cristiana.
martes, 1 de diciembre de 2009
FINANZAS: ENDEUDADO CON EL PODER POPULAR
Aportes a la discusión sobre el sistema financiero y la economía
FINANZAS: ENDEUDADO CON EL PODER POPULAR
Especial de Tribuna Popular. Francisco Guacarán.
Cuestiones como el no paternalismo del Estado burgués sobre las organizaciones populares, la definición y el control de los presupuestos regionales y locales, el impulso de un modelo socioproductivo genuinamente socialista –y no con islotes aislados “sustentados” en una economía de subsistencia que intentaría competir con la gran empresa capitalista-, y la centralización y control del sistema financiero nacional como una medida fundamental para el avance revolucionario, entrarían en la discusión pendiente sobre el aspecto económico necesario para avanzar en el proceso de liberación nacional.
Respecto al Proyecto de Reforma de Ley de los Consejos Comunales, constituye un acierto la propuesta de supresión de las asociaciones cooperativas Banco Comunal y la reformulación de la Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria (UAFiC), con el objetivo de darle personalidad jurídica al Consejo Comunal (CC) y no sólo al Banco Comunal, ente que finalmente se constituía como el representante del CC –con su respectiva expresión de caudillismo vecinal.
Sin embargo, las transformaciones reales no pasan por un simple cambio de nombre, y menos en el ámbito económico; es necesaria una definición más clara de cómo consolidar el Poder Popular en construcción junto a un Estado burgués en transformación, avanzando en el control sobre el sistema económico y, desde luego, sobre el financiero.
Si efectivamente deseamos que los CC –o las Comunas- sean una base del Poder Popular, entonces debemos avanzar en unas tareas que van más allá del espacio vecinal.
Los CC, mancomunados en redes municipales y regionales, deben comenzar a asumir el presupuesto de las alcaldías y gobernaciones, sin sujeciones a los intereses del poder constituido.
Hoy, muchos alcaldes se reúnen con voceros designados a dedo y les consultan dónde harán la cancha o la escalera, mientras millones de bolívares fuertes se van en corrupción, clientelismo e ineficiencia en otras “obras”.
Si hay disposición de transformar esta situación, entonces dejemos que sean los CC organizados y articulados quienes decidan el destino del presupuesto.
Con ello avanzaríamos en el control que debe ejercer el pueblo organizado sobre la vida integral del país, al otorgarle la posibilidad real de definir importantes proyectos socioproductivos que desarrollen las fuerzas productivas de la nación y, desde luego, que ejerzan las funciones de la administración de esos recursos.
La burguesía parasitaria, la de ayer y la que se viene formando hoy, afirma la imposibilidad de llevar a cabo esta tarea, lo que nos recuerda a V.I. Lenin cuando afirmaba que tras los absurdos argumentos técnicos y leguleyos de la burguesía para impedir el control popular, se esconde el miedo de que el pueblo conozca el destino del dinero que le roban a los trabajadores, fondos saqueados que terminan en bolsillos voraces de corruptos, paramilitares y fascistas.
La única imposibilidad –y no precisamente técnica- está en la voluntad del gobierno de avanzar en la real superación del sistema capitalista.
Por tanto, la primera responsabilidad la tiene el gobierno nacional, el cual puede y debe promover la mayor participación y control de los Consejos Comunales –o las Comunas- en los procesos económicos, mediante la mayor y mejor organización del pueblo, el impulso de un aparato productivo nacional fuerte y eficiente –para alcanzar nuestra soberanía económica- y el férreo control sobre el sistema financiero.
El PCV ha llamado a la nacionalización de la Banca como una política para avanzar en el proceso revolucionario, por la perniciosa influencia del capital transnacional y la necesidad de que pueblo trabajador tenga control sobre su dinero, incluso el que está administrado por el Estado.
Ante esta propuesta el gobierno afirma que tiene un ritmo y unos planes, y las organizaciones revolucionarias la aplauden, al final ¿quién define los ritmos en una revolución?
El caso es que la nacionalización junto al control compartido entre el Estado y el pueblo organizado, abriría las posibilidades de desarrollo y avance de las organizaciones de base del Poder Popular y, así, las UAFiCs podrían cumplir efectivamente con las funciones que son expresadas en el proyecto de Ley, bien sea en los CC o en las Comunas revolucionarias.
¿Qué planteamos? La independencia de las diferentes formas de organización popular con respecto al Estado burgués, para su consolidación como base fundamental del Estado Popular y Democrático.
FINANZAS: ENDEUDADO CON EL PODER POPULAR
Especial de Tribuna Popular. Francisco Guacarán.
Cuestiones como el no paternalismo del Estado burgués sobre las organizaciones populares, la definición y el control de los presupuestos regionales y locales, el impulso de un modelo socioproductivo genuinamente socialista –y no con islotes aislados “sustentados” en una economía de subsistencia que intentaría competir con la gran empresa capitalista-, y la centralización y control del sistema financiero nacional como una medida fundamental para el avance revolucionario, entrarían en la discusión pendiente sobre el aspecto económico necesario para avanzar en el proceso de liberación nacional.
Respecto al Proyecto de Reforma de Ley de los Consejos Comunales, constituye un acierto la propuesta de supresión de las asociaciones cooperativas Banco Comunal y la reformulación de la Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria (UAFiC), con el objetivo de darle personalidad jurídica al Consejo Comunal (CC) y no sólo al Banco Comunal, ente que finalmente se constituía como el representante del CC –con su respectiva expresión de caudillismo vecinal.
Sin embargo, las transformaciones reales no pasan por un simple cambio de nombre, y menos en el ámbito económico; es necesaria una definición más clara de cómo consolidar el Poder Popular en construcción junto a un Estado burgués en transformación, avanzando en el control sobre el sistema económico y, desde luego, sobre el financiero.
Si efectivamente deseamos que los CC –o las Comunas- sean una base del Poder Popular, entonces debemos avanzar en unas tareas que van más allá del espacio vecinal.
Los CC, mancomunados en redes municipales y regionales, deben comenzar a asumir el presupuesto de las alcaldías y gobernaciones, sin sujeciones a los intereses del poder constituido.
Hoy, muchos alcaldes se reúnen con voceros designados a dedo y les consultan dónde harán la cancha o la escalera, mientras millones de bolívares fuertes se van en corrupción, clientelismo e ineficiencia en otras “obras”.
Si hay disposición de transformar esta situación, entonces dejemos que sean los CC organizados y articulados quienes decidan el destino del presupuesto.
Con ello avanzaríamos en el control que debe ejercer el pueblo organizado sobre la vida integral del país, al otorgarle la posibilidad real de definir importantes proyectos socioproductivos que desarrollen las fuerzas productivas de la nación y, desde luego, que ejerzan las funciones de la administración de esos recursos.
La burguesía parasitaria, la de ayer y la que se viene formando hoy, afirma la imposibilidad de llevar a cabo esta tarea, lo que nos recuerda a V.I. Lenin cuando afirmaba que tras los absurdos argumentos técnicos y leguleyos de la burguesía para impedir el control popular, se esconde el miedo de que el pueblo conozca el destino del dinero que le roban a los trabajadores, fondos saqueados que terminan en bolsillos voraces de corruptos, paramilitares y fascistas.
La única imposibilidad –y no precisamente técnica- está en la voluntad del gobierno de avanzar en la real superación del sistema capitalista.
Por tanto, la primera responsabilidad la tiene el gobierno nacional, el cual puede y debe promover la mayor participación y control de los Consejos Comunales –o las Comunas- en los procesos económicos, mediante la mayor y mejor organización del pueblo, el impulso de un aparato productivo nacional fuerte y eficiente –para alcanzar nuestra soberanía económica- y el férreo control sobre el sistema financiero.
El PCV ha llamado a la nacionalización de la Banca como una política para avanzar en el proceso revolucionario, por la perniciosa influencia del capital transnacional y la necesidad de que pueblo trabajador tenga control sobre su dinero, incluso el que está administrado por el Estado.
Ante esta propuesta el gobierno afirma que tiene un ritmo y unos planes, y las organizaciones revolucionarias la aplauden, al final ¿quién define los ritmos en una revolución?
El caso es que la nacionalización junto al control compartido entre el Estado y el pueblo organizado, abriría las posibilidades de desarrollo y avance de las organizaciones de base del Poder Popular y, así, las UAFiCs podrían cumplir efectivamente con las funciones que son expresadas en el proyecto de Ley, bien sea en los CC o en las Comunas revolucionarias.
¿Qué planteamos? La independencia de las diferentes formas de organización popular con respecto al Estado burgués, para su consolidación como base fundamental del Estado Popular y Democrático.
Mayor y mejor participación requiere una fuerte organización
Aportes a la discusión sobre la Reforma de Ley de Consejos Comunales
Mayor y mejor participación requiere una fuerte organización
Especial para Tribuna Popular.
Francisco Guacarán.
Las tareas de organización popular y la participación efectiva de las masas en espacios permanentes de discusión, movilización y toma de decisiones siempre lleva a considerar elementos que sólo pueden ser evaluados en la práctica concreta, y más cuando nos encontramos en la difícil edificación de un proyecto diferente, con errores, aciertos, rectificaciones, avances y retrocesos.
Los Consejos Comunales son prueba de ello, y la Ley debe expresar las necesidades y obstáculos que ha tenido este espacio en sus diferentes instancias y órganos que lo componen.
Por ejemplo, la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas (ACC) “es la instancia primaria para el ejercicio del poder, la participación y el protagonismo popular, cuyas decisiones son de carácter vinculante para el Consejo Comunal respectivo” (Art. 4) y “es la máxima instancia de decisión del Consejo Comunal, integrada por los habitantes de la comunidad, mayores de 15 años” (Art. 6), sin embargo, no se define la forma de organización de esta instancia, por lo que se asume su carácter “abierto” en el que todos y todas participan, o al menos ése es el deber ser.
En la práctica concreta esto ha llevado a muchos Consejos Comunales a inventar maromas para asegurar la participación efectiva de los integrantes de la comunidad –tomemos en cuenta la base poblacional necesaria (200 a 400 familias en zona urbana –Art. 4-), por lo que alcanzar el quórum mínimo para una Asamblea (10 a 20% de la comunidad) se convierte en un dolor de cabeza para los voceros y voceras y por tanto un obstáculo importante para el CC.
Además que pudiese existir una contradicción importante en torno a la participación, debido a que menos de la cuarta parte de los integrantes de la comunidad terminan decidiendo la vida integral de la misma.
Espacios asamblearios como los que se pretenden desde el marco legal actual, y que sean de carácter permanente, tendrían que ir de la mano de niveles importantes de desarrollo de la conciencia colectiva y revolucionaria de las masas, además de condiciones de vida material que promuevan una participación tan amplia, finalmente la ACC es un espacio en el que «todos» participan y «pocos» asisten.
El Partido Comunista de Venezuela, en sus luchas durante la resistencia contra el puntofijismo, organizó a decenas de comunidades de la capital a través de una instancia muy similar a lo que hoy se denominan Consejos Comunales.
La diferencia importante de esta experiencia con la actual, es que lo que se llama hoy Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas estaba conformada anteriormente por voceros y voceras electos y electas por cada calle, vereda o callejón, quienes se reunían con sus vecinos y vecinas, promovían la discusión en sus bases –con un número determinado de familias para atender-, recibían las propuestas y la llevaban a la discusión de la Asamblea –conformada por la totalidad de los voceros y voceras-, instancia que puede mantener las mismas competencias contempladas en la Ley vigente.
Se asegura la participación desde las bases por cuanto cada vocero y vocera debe reunirse regularmente con sus vecinos –espacio no visto como un feudo, ni el vocero o vocera como el caudillo- y a la vez llevar la decisión y propuestas a un espacio mucho más dinámico, efectivo y coherente con la realidad de la organización popular actual, sus deficiencias y oportunidades.
Con esto, evitamos los problemas puntuales del quórum necesario para atender los problemas colectivos, el desgaste y la dispersión del pueblo en discusiones estériles, mejoramos la estructura del Consejo Comunal y desarrollamos el sentido de pertenencia y la responsabilidad de sus habitantes, y lo más importante, ayudamos a formar los cuadros políticos necesarios para la revolución.
La participación se hace entonces mucho más efectiva y amplia cuando nos ocupamos de mejorar la organización desde su raíz, sin caer en los falsos caminos del democratismo pequeñoburgués, sino avanzar en una organización fuerte, sólida, no como un fin en sí mismo, sino como un instrumento para la revolución.
Tan sólo así hablaríamos efectivamente de una herramienta mejor organizada para la lucha de clases, para la movilización social, la construcción del Estado Popular y Democrático y los grandes retos que afrontaremos como sociedad en los tiempos próximos, en el que la agudización de las contradicciones exigirá definitivamente mejores y mayores esfuerzos de disciplina, organización, comunicación, movilización y conciencia para el Socialismo Científico.
Mayor y mejor participación requiere una fuerte organización
Especial para Tribuna Popular.
Francisco Guacarán.
Las tareas de organización popular y la participación efectiva de las masas en espacios permanentes de discusión, movilización y toma de decisiones siempre lleva a considerar elementos que sólo pueden ser evaluados en la práctica concreta, y más cuando nos encontramos en la difícil edificación de un proyecto diferente, con errores, aciertos, rectificaciones, avances y retrocesos.
Los Consejos Comunales son prueba de ello, y la Ley debe expresar las necesidades y obstáculos que ha tenido este espacio en sus diferentes instancias y órganos que lo componen.
Por ejemplo, la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas (ACC) “es la instancia primaria para el ejercicio del poder, la participación y el protagonismo popular, cuyas decisiones son de carácter vinculante para el Consejo Comunal respectivo” (Art. 4) y “es la máxima instancia de decisión del Consejo Comunal, integrada por los habitantes de la comunidad, mayores de 15 años” (Art. 6), sin embargo, no se define la forma de organización de esta instancia, por lo que se asume su carácter “abierto” en el que todos y todas participan, o al menos ése es el deber ser.
En la práctica concreta esto ha llevado a muchos Consejos Comunales a inventar maromas para asegurar la participación efectiva de los integrantes de la comunidad –tomemos en cuenta la base poblacional necesaria (200 a 400 familias en zona urbana –Art. 4-), por lo que alcanzar el quórum mínimo para una Asamblea (10 a 20% de la comunidad) se convierte en un dolor de cabeza para los voceros y voceras y por tanto un obstáculo importante para el CC.
Además que pudiese existir una contradicción importante en torno a la participación, debido a que menos de la cuarta parte de los integrantes de la comunidad terminan decidiendo la vida integral de la misma.
Espacios asamblearios como los que se pretenden desde el marco legal actual, y que sean de carácter permanente, tendrían que ir de la mano de niveles importantes de desarrollo de la conciencia colectiva y revolucionaria de las masas, además de condiciones de vida material que promuevan una participación tan amplia, finalmente la ACC es un espacio en el que «todos» participan y «pocos» asisten.
El Partido Comunista de Venezuela, en sus luchas durante la resistencia contra el puntofijismo, organizó a decenas de comunidades de la capital a través de una instancia muy similar a lo que hoy se denominan Consejos Comunales.
La diferencia importante de esta experiencia con la actual, es que lo que se llama hoy Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas estaba conformada anteriormente por voceros y voceras electos y electas por cada calle, vereda o callejón, quienes se reunían con sus vecinos y vecinas, promovían la discusión en sus bases –con un número determinado de familias para atender-, recibían las propuestas y la llevaban a la discusión de la Asamblea –conformada por la totalidad de los voceros y voceras-, instancia que puede mantener las mismas competencias contempladas en la Ley vigente.
Se asegura la participación desde las bases por cuanto cada vocero y vocera debe reunirse regularmente con sus vecinos –espacio no visto como un feudo, ni el vocero o vocera como el caudillo- y a la vez llevar la decisión y propuestas a un espacio mucho más dinámico, efectivo y coherente con la realidad de la organización popular actual, sus deficiencias y oportunidades.
Con esto, evitamos los problemas puntuales del quórum necesario para atender los problemas colectivos, el desgaste y la dispersión del pueblo en discusiones estériles, mejoramos la estructura del Consejo Comunal y desarrollamos el sentido de pertenencia y la responsabilidad de sus habitantes, y lo más importante, ayudamos a formar los cuadros políticos necesarios para la revolución.
La participación se hace entonces mucho más efectiva y amplia cuando nos ocupamos de mejorar la organización desde su raíz, sin caer en los falsos caminos del democratismo pequeñoburgués, sino avanzar en una organización fuerte, sólida, no como un fin en sí mismo, sino como un instrumento para la revolución.
Tan sólo así hablaríamos efectivamente de una herramienta mejor organizada para la lucha de clases, para la movilización social, la construcción del Estado Popular y Democrático y los grandes retos que afrontaremos como sociedad en los tiempos próximos, en el que la agudización de las contradicciones exigirá definitivamente mejores y mayores esfuerzos de disciplina, organización, comunicación, movilización y conciencia para el Socialismo Científico.
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